Con la acentuada contracción del gasto público en la educación superior, la activa participación de las empresas en el financiamiento de universidades e institutos ha generado “efectos socialmente perversos”, ya que las investigaciones y descubrimientos generados quedan bajo control del capital privado.
Las prioridades de la investigación se fijan entonces por el mundo de los negocios y se vulnera así el papel primordial de las universidades, que es diseminar el conocimiento, porque éste deja de hacerse público por pertenecer a las empresas que lo financian, advierte el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), un grupo de organismos e investigadores creado en el año 2000, por iniciativa de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa.
Con tal de incentivar la inversión empresarial en las investigaciones universitarias, es cada vez más común que los gobiernos tiendan a promover cambios legislativos que favorecen el registro de patentes para el sector privado y la compra-venta de nuevos hallazgos científicos, toleren o promuevan la subcontratación de la investigación y creen en los campus parques tecnológicos industriales que benefician a los empresarios.
Además de vulnerarse el papel de las universidades como diseminadoras del conocimiento, también se atenta contra sus cualidades centrales como la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, “ya que los temas a investigar se escogen en función de criterios de rentabilidad y no de criterios académicos”.
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